Debe ser realmente trágico que cualquiera de los tuyos muera asesinado y ni siquiera puedas darle sepultura. Tenemos dos casos notorios (dejando aparte los muchos que nos ha proporcionado nuestra desgraciada historia): Publio Cordón, asesinado por los Grapo en 1995 y Marta del Castillo, asesinada por Carcaño en 2009.

El dilema surge a la hora de decidir cómo se actúa en un Estado de derecho cuando están detenidos los asesinos y cambian continuamente sus declaraciones sobre el paradero de los cadáveres. ¿Ofreces beneficios penitenciarios o los “interrogas” de verdad?

Hay fines que justifican medios. Cualquier cosa sería aceptable con tal de que aparezcan estos restos para alivio del dolor de sus familiares y, un poco por extensión, de todos nosotros.