El debate acerca de si los padres deben conocer y autorizar la asistencia de sus hijos a ciertas actividades complementarias ha alcanzado en Murcia una intensidad especial porque ha sido la primera Comunidad en aplicar esa medida.

Gobierno Central (PSOE) y Comunidad Autónoma (PP) sostienen posturas contrarias y muy enfrentadas. La ministra amenaza con recurrir y la consejera espera firme el recurso y dice tener informes jurídicos favorables.

Pasada ya la fase en la que el tema ha sido objeto de debate partidista y social toca ahora que se pronuncien los tribunales de justicia, las salas de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia en primera instancia y tal vez del Supremo en último término.

No será fácil explorar a fondo el artículo 27 de la Constitución y buscar una solución justa que, naturalmente, tendrá que ser acatada por las partes.