Sería interesante fijar cual debe ser el tamaño del sector público en un país; acto seguido, discutir sobre la mayor o menor eficacia de lo privado frente a lo público y, en tercer lugar, saber cuándo se debe producir un trasvase entre ambos, qué debe permanecer como competencia del Estado y qué puede pasar a manos privadas.

En España, desde el franquismo, navegamos contracorriente: nacionalizamos cuando hay pérdidas y privatizamos con beneficios. Unas decisiones que se toman no atendiendo precisamente al interés social.

Tenemos ejemplos de todo tipo: desaladoras, aeropuertos y autopistas.

Pero nadie parece responsable de estas tropelías que acabamos pagando entre todos; a ellos les sale gratis y siguen actuando desde la impunidad más absoluta.