Una falacia a la que nos abocan los independentistas catalanes es la de querer diferenciar la vía judicial de la política, condenar la primera y defender la segunda como único modo de solucionar lo que llaman “el conflicto” (los asesinos etarras también usaban esa palabra para referirse al País Vasco). Y son muchos los que desde la progresía oficial defienden el argumento.

En realidad, la vía judicial no se puede abandonar y sólo se aplica a quien delinque. No se puede animar a estos individuos diciendo que luchen por su quimera incumpliendo la ley, o sea, la expresión de la voluntad popular, atacando la Constitución.

Hay que seguir la vía política y dialogar entre las partes, pero son ellos quienes tienen que delimitar sus demandas al marco legal. Y se habla de Estatuto, financiación, competencias, buscando el acuerdo.