Si partimos de que en un Estado de derecho la Constitución es la piedra angular, el eje de coordenadas en el que todo se sitúa, concluiremos que abordar su modificación es una tarea que requiere prudencia y auténtica visión de Estado (nunca mejor dicho), lejos de manuales partidistas o simples intereses electorales.

Han pasado 40 años, vivimos en una democracia plenamente consolidada y no tenemos que demostrar nada a nadie, excepto a nosotros mismos.

Se podía empezar por crear un grupo compuesto por dos miembros de cada uno de los tres principales partidos, PP+PSOE+CS representan a más del 70% de los españoles. Excluyo a los nacionalismos porque con su mezquindad egoísta e insolidaria impedirían avanzar y a Podemos porque se opondrían a casi todo, sólo les serviría como como altavoz para pregonar su populismo. A los políticos se sumarían tres catedráticos de constitucional.

El borrador elaborado pasaría a una comisión parlamentaria reducida que perfilaría los necesarios retoques, añadidos o supresiones.

Si lograran el deseado acuerdo nos habríamos acercado al consenso que fue la seña de identidad de la del 78.Luego al pleno y finalmente un referéndum.

En cuanto a contenidos, no les faltaría trabajo. Ahí está un Senado manifiestamente mejorable; un intrincado título VIII que estructuró un Estado de las Autonomías corregible en algunos aspectos; alguna modificación del sistema electoral; garantizar una atención sanitaria idéntica en todas las Comunidades; homogeneizar los programas educativos en todo el territorio nacional (sin excluir un mínimo de currículo autonómico); por supuesto acabar con la prevalencia del varón en los derechos sucesorios de la corona… y más cosas que aquí no caben.

Que se ganen el sueldo los ponentes y que los partidos serios nos ofrezcan una Constitución racionalmente modificada a tenor con los tiempos.

Amén.