Y no menor es la que ha surgido en torno las actividades complementarias que realizan los alumnos.

Deben ser charlas que versen sobre los valores consagrados en los Derechos Humanos (1948) que recoge nuestra Constitución (1978). Es lo que hacíamos en la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Y claro que se les debe hablar sobre violencia de género o sexualidad y respeto por las diferentes orientaciones.

El problema radica en buscar a la gente idónea que imparta esas clases. Deberían ser profesionales, mejor que miembros de organizaciones radicalizadas. El militante de una causa siempre intentará imponerla a toda costa, adoctrinar.

El tema se desvirtúa cuando se convierte en arma arrojadiza entre partidos o chantaje ante unos Presupuestos. Y para colmo la ministra Celaá, torpemente, nos traslada al enfrentamiento padres-Estado, como si no fueran roles compatibles en el proceso educativo.